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Boletín de Paz: participación política y procesos de paz PDF Imprimir E-mail

Documento para profundizar en el análisis de la participación política de las FARC


El siguiente documento, que hace parte de la serie de Boletines de Paz de la FIP, busca servir de insumo teórico para el actual debate sobre la participación política de unas FARC desmovilizadas. Primero se centra en algunos enfoques académicos desde los cuales se concibe la participación política en contextos de procesos de paz y luego en lecciones derivadas de experiencias en otros países sobre participación política. El tercer aparte se dedica a la evolución que ha tenido el tema en los procesos ocurridos en Colombia y en el ideario de las FARC; y por último recoge los argumentos que recientemente se han expuesto en el marco del debate nacional.   

 

Entre las conclusiones de este ejercicio están:

 

•    Es posible identificar dos maneras diferentes de abordar la participación política en el contexto de negociaciones de paz para la terminación de un conflicto o guerra civil. La primera (y la más común), es la discusión alrededor de la inclusión de los grupos armados en el sistema político formal. El problema gira alrededor de la ampliación de la participación en la toma de decisiones colectivas, y en cómo y hasta dónde se deben modificar las instituciones estatales para que esta inclusión se lleve a cabo. Si bien en esta discusión se promueve la repartición del poder entre el Gobierno y las guerrillas, surge la preocupación en tanto que si los acuerdos no están bien diseñados, estos diseños pueden tener consecuencias negativas para la democracia y la paz sostenible. Por otro lado, la participación política también suele ser invocada dentro de las mismas instancias de negociación como condición para el diálogo. Sobre esto se suele plantear que las negociaciones de paz pueden desarrollarse bien sea entre el Gobierno y los actores armados ilegales, o puede darse una participación más amplia, incluyendo a diferentes sectores de la sociedad civil.

 

•    El caso de Guatemala se ha caracterizado por ser un ejemplo en el que la sociedad civil tuvo una participación amplia y directa durante las negociaciones de paz, lo que fue posible por medio de la ASC, cuyas propuestas fueron incluidas en el Acuerdo de Paz firmado en 1996. Aun así, gran parte de dichas propuestas no fueron implementadas, ya que el plebiscito que las volvería constitucionales no pasó, mientras el URNG ha tenido poca influencia en las decisiones políticas del país. Por su parte, en El Salvador las discusiones previas a la firma de la paz se dieron particularmente entre el Gobierno y el FMLN. Pero en este caso la inclusión de la guerrilla como partido político ha tenido resultados mucho más “exitosos”, en tanto que el FMLN se ha convertido con los años en una de las fuerzas políticas con mayor representación en el Congreso, y en general, en los espacios políticos del país.  

 

•    En casi todos los procesos de paz ocurridos desde los ochenta en Colombia, la participación política se concibió como la posibilidad de que los grupos insurgentes se convirtieran en partidos políticos y en menor medida, como una condición dentro de las negociaciones o como la ampliación de las garantías democráticas para las fuerzas de oposición en general. En la mayoría de los acuerdos se contemplaron beneficios para los rebeldes como indultos y amnistías lo que les permitió organizarse como movimientos con personería jurídica. Tal es el caso de la UP, la AD, el PRT, la ASI, etc. Solo en el proceso de El Caguán, durante la administración Pastrana, la participación se entendió también desde las negociaciones como un requisito para avanzar en la discusión de la agenda de temas sustantivos pero sin lograr finalmente mayores resultados.

 

•    Aunque desde sus orígenes las FARC han pretendido participar activamente en política, fue solo hasta su séptima conferencia (1982) que definieron una agenda política concreta para acceder al poder por cualquier medio. Esto devino en la creación de la UP cuyo exterminio socavó las aspiraciones de la guerrilla por la vía de la legalidad. No obstante este fracaso, el objetivo de participar en política a través de un movimiento legítimo se mantendría y se fortalecería a través del “Movimiento Bolivariano para una Nueva Colombia” y la exigencia, como principio irreductible para cualquier negociación, de la ampliación de las garantías y derechos de participación para todos los movimientos de oposición, incluyendo el acceso a los medios de comunicación que persiste hasta hoy.

 

•    A pesar de que gran parte de los colombianos (69%) rechazan la idea de que las FARC participen en política, el debate sobre esta posibilidad sigue avanzando en dos frentes: uno jurídico y otro político/electoral. A nivel jurídico el eje central de discusión es el Marco Jurídico para la Paz del cual se desprenden dos lecturas, una a favor de su implementación como medio para reconocer los derechos de las víctimas y flexibilizar el tratamiento jurídico de los guerrilleros y de esa forma, facilitar el fin del conflicto, y otra en contra, que lo percibe como una carta abierta de impunidad. A nivel político/electoral se habla de los posibles escenarios en los que las FARC podrían ejercer legalmente sus derechos políticos (Marcha Patriótica, UP, nuevos movimientos) y las reformas que serían necesarias, especialmente en las reglas del juego electoral, para facilitar esta situación.  

 

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