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Conflicto armado en Tolima y su impacto humanitario PDF Imprimir E-mail

Este informe de la Unidad de Análisis 'Siguiendo el conflicto' de la FIP, analiza las dinámicas históricas y recientes del conflicto armado en el departamento de Tolima y su impacto humanitario.

 

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La dinámica reciente del conflicto armado en Tolima se ha concentrado en el sur del departamento, especialmente en el área del cañón de Las Hermosas, zona Suroccidental, usada desde finales de 2010 como zona de repliegue y refugio para el otrora jefe del Secretariado de las FARC, alias Alfonso Cano, quién fue dado de baja en Suárez (Cauca) en noviembre de 2011 por miembros de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima. En la actualidad, Tolima es una de las diez regiones en donde se está desarrollando el plan de guerra Espada de Honor, que empezó a implementarse en febrero de 2012 con el propósito de golpear y desarticular a las FARC y al ELN.

 

A pesar de la muerte de Alfonso Cano, el departamento goza de una serie de características geográficas que resultan atractivas para los grupos armados al margen de la ley. Por un lado está su condición de corredor estratégico que conecta diferentes zonas del país, y por otro, presenta un relieve apto para el resguardo y abastecimiento de los mismos.

 

Como se verá en este informe, la zona Norte asegura las comunicaciones entre el centro y el occidente del país, desde Cundinamarca hacia el Eje cafetero y la zona del Magdalena Medio; la zona Centro comunica con el Eje Cafetero y el puerto de Buenaventura en la costa pacífica; la zona Suroriental, especialmente el valle del río Magdalena, comunica las áreas montañosas y corredores entre las cordilleras Central y Oriental y el Norte del Huila, Meta y Caquetá.


Finalmente, la zona Suroccidental y en ella, los municipios de Planadas, Rioblanco, Chaparral, Roncesvalles y San Antonio, tienen como eje el cañón de Las Hermosas, una zona vital para la subversión porque posee corredores para la movilización entre el Pacífico, los departamentos de Cauca y Nariño y el centro del país.


Estas condiciones serían uno de los motivos para que aunque diezmadas, las FARC continúen teniendo presencia, principalmente, en la región Suroccidental a través del Frente 21, la Columna Móvil Miller Salcedo, la Columna Móvil Alirio Torres y la Columna Móvil Héroes de Marquetalia. En la región Suroriental hacen presencia con el Frente 25 y en la región Centro con el Frente 21, la Columna Móvil Miller Salcedo y la Compañía de Finanzas Manuelita Sáenz.

 

Ahora bien, después de la desmovilización de los grupos paramilitares que actuaban en el depar-tamento (Bloque Tolima y ACMM), la presencia de bandas criminales no ha sido muy clara. Posiblemente, la caída en los cultivos de amapola ha quitado interés a las bandas criminales para posicionarse en el departamento, aunque se hace visible que grupos de delincuencia organizada aprovechan su ubicación central para transportar drogas ilícitas hacia el norte del país y la costa pacífica, y para realizar actividades de microtráfico y micro extorsión. En 2012 se habló de la presunta presencia de Los Rastrojos y del Comando Niche o Los Niches en la región Norte. Este último grupo, al parecer, sería el responsable de homicidios selectivos con motivos de “limpieza social”.

 

Sobre la situación humanitaria en Tolima merecen atención los siguientes aspectos. Primero, es claro que considerando que la concentración del conflicto armado se da en la zona Suroccidental del departamento, gran parte de las víctimas también se concentran en esa región. En municipios como Ataco, Planadas, Rioblanco y particularmente Chaparral, el accionar armado y de control social de la guerrilla y los combates entre las FARC y la Fuerza Pública por años, han generando el abandono de la tierra, altas tasas de homicidios, reclutamiento forzado de menores, víctimas por minas, entre otros.

 

En este contexto vale la pena prestarle atención, por un lado, al reclutamiento forzado de menores, en tanto que el departamento es uno de los que presenta un mayor número de casos a nivel nacional. Y por otro lado, a las minas antipersonal, ya que en el caso particular de Tolima se pre-senta un pico importante en 2011, que responde a la estrategia de las FARC para proteger en su momento a Alfonso Cano y a la zona del Cañón de Las Hermosas.  

 

Adicionalmente, se observan algunas regiones con altos índices de homicidios y desplazamiento forzado que no necesariamente coinciden con las zonas de influencia de la guerrilla. Por ejemplo, llama la atención que si bien no es clara la presencia y el impacto de bandas criminales en el de-partamento, hay cierta correlación entre los municipios que actualmente presentan altas tasas de homicidios y municipios donde parece haber dinámicas de delincuencia organizada. Municipios como Líbano, Melgar y Espinal, que fueron algunos de los que presentaron un mayor número de desplazados, no registran actividad guerrillera. Se ha observado además extorsiones a contratistas involucrados en el desarrollo de megaproyectos, tales como las hidroeléctricas de Isagen y Epsa en la zona Suroccidental, y los proyectos de explotación de oro llevados a cabo por la multinacional Anglogold Ashanti en Cajamarca, Mineros S.A. en Ataco y Sector Resources en Santa Isabel.

 

Por último, cabe señalar que en el marco de la Ley 1448 de 2011, entre 2012 y enero de 2013 la Unidad de Restitución de Tierras (URT) recibió un total de 2.518 solicitudes de restitución en Tolima, lo que ubica al departamento como el cuarto con mayor número de solicitudes a nivel nacional después de Antioquia (4.865), Bolívar (3105) y Cesar (2701). En esas solicitudes se han reclamado un total de 82.805 hectáreas, ubicando a Tolima en el noveno lugar a nivel nacional después de Meta (590.452 hras), Antioquia (222.403 hras), Vichada (169.086 hras), Cesar (167.704 hras), Casanare (135.353 hras), Bolívar (115.834 hras), Norte de Santander (89.199 hras) y Magdalena (86.572 hras).

 

Este informe pretende cubrir los temas ya señalados y está dividido en cuatro partes. En la primera se presenta una caracterización del departamento incluyendo datos sobre su ubicación geoestratégica, aspectos demográficos y particularidades socioeconómicas. En la segunda se presenta un panorama de los grupos armados al margen de la ley que han tenido y tienen presencia en el departamento, así como un análisis cuantitativo de las dinámicas e intensidad del conflicto. En la tercera parte se hace un acercamiento al impacto humanitario del conflicto armado y fenómenos criminales sobre los habitantes y comunidades de la región, haciendo énfasis en homicidios, secuestros, víctimas por minas antipersonal, desplazamientos forzados y reclutamiento forzado. En la cuarta parte, el informe presenta algunas generalidades sobre el dispositivo de la fuerza pública en el departamento y sus resultados operacionales.