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Ciudadanía y justicia postconflicto: un reto para las negociaciones PDF Imprimir E-mail

Análisis sobre las actitudes y valores de los colombianos acerca de la culpa, el perdón y la posibilidad de que los ex guerrilleros de las FARC hagan política.

 

juancarlos palou-60x70 Juan Carlos Palou es coordinador del área de Construcción de Paz y Postconflicto de la FIP

Artículo publicado en Razón Pública el 17 de marzo de 2013


Bienvenido el optimismo

 

En los últimos días se ha recuperado un relativo optimismo frente a los diálogos de La Habana. Los colombianos estábamos sumidos en el desaliento, pero el buen ánimo de los “plenipotenciarios” de La Habana nos liberó del pesimismo.

 

Los profetas de la catástrofe no han renunciado a su empeño de hacer fracasar el proceso. Y sin embargo para no dejarnos arrastrar a la defensa a ultranza de la negociación, necesitamos mirar los obstáculos que el proceso ha de enfrentar en el corto y en el mediano plazo.

 

En este artículo abordaré algunos problemas que surgen de la evaluación que hace la ciudadanía sobre los comportamientos de la guerrilla durante el conflicto armado.  Es decir, trataré aspectos de la llamada justicia postconflicto.

 

Para ello contamos con los resultados de una encuesta reciente coordinada por el Centro de Memoria Histórica denominada ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de justicia y paz? (septiembre de 2012). No sobra aclarar que, salvo advertencia en contrario, la interpretación de los hallazgos es estrictamente personal.

 

Guerrillas vs. paramilitares

 

Un resultado sorprendente de la encuesta es la respuesta a la pregunta sobre “cuál actor considera que tiene más responsabilidad en la violencia que ha vivido el país en los últimos años”: la ciudadanía señala con mucho más frecuencia a la guerrilla (32 por ciento) que a los paramilitares (6 por ciento). Esa misma tendencia se encontró en una encuesta de la Fundación Social de 2008: 46 por ciento de los ciudadanos responsabilizan a la guerrilla y 17 por ciento a los paramilitares.

 

Como anotan los autores de la nueva encuesta, estas respuestas se dan después de siete años durante los cuales los paramilitares han alimentado los estrados judiciales y los medios de comunicación con las escalofriantes versiones libres de sus crímenes. Podría uno pensar que la atribución predominante de responsabilidad a la guerrilla es un “estereotipo”, es decir, una idea tan arraigada en la mente de los colombianos, que se resiste a cambiar incluso frente a evidencia empírica en contrario.

 

Cuando se miran las respuestas de quienes han sido víctimas del conflicto  (18 por ciento de la muestra), aumenta la frecuencia de atribución de responsabilidad a los paramilitares (11 por ciento), pero aumenta también la inculpación a la guerrilla (37 por ciento). De hecho, los autores de la encuesta señalan que, en el caso de las víctimas directas, la atribución de responsabilidad en la violencia no se corresponde con el actor que las victimizó.  Aunque no se explican este resultado, podría uno deducir que ni aún la experiencia personal modifica la percepción en esta materia.

 

Pacto entre dos grandes responsables

 

Por otra parte, el 16 por ciento de los encuestados (y también de las victimas) consideran que el gobierno es el mayor responsable de la violencia.

 

Aun si se dijera que esta tercera cifra no es muy alta, habría que admitir que  en la mesa  de la negociación están los dos actores a los cuales el 48 por ciento de los colombianos atribuyen la mayor responsabilidad de la violencia de los últimos años (32 por ciento de la guerrilla, más 16 por ciento del gobierno). En principio eso resulta coherente y deseable, pues la terminación del conflicto se pacta entre enemigos.

 

Pero ese hecho también explicaría la desconfianza de muchos ciudadanos en el proceso de paz.  Se dirán a sí mismos que de estas negociaciones solo podría salir un acuerdo que beneficie a los violentos bajo la forma de una auto–amnistía o, dicho en términos coloquiales, que “se van tapar con la misma cobija”. Para reforzar ese imaginario están las respectivas negaciones de responsabilidad en lo daños del conflicto: ¿Cuáles desaparecidos del Palacio de Justicia?, y ¡La guerrilla no ha hecho sufrir intencionalmente a nadie!

 

Terceros en concordia

 

La respuesta que ocupa el segundo lugar en frecuencia es la más esperanzadora: el 28 por ciento de la población en general (23 por ciento de las victimas) considera que los más responsables de la violencia somos “todos los colombianos”.

 

Dicen los autores de la encuesta que esta respuesta, antes de diluir la responsabilidad, “…es un indicador de que un porcentaje significativo de colombianos descarta la comodidad moral de señalar como responsables a los “otros” a “terceros”…”.

 

Si esa interpretación resulta cierta, podríamos decir que más de un cuarto de la población respaldará el proceso con firmeza. En tanto ellos admiten responsabilidad en los hechos, sería lógico esperar que se inclinen por la salida negociada del conflicto.  Además -y por la misma razón- estas personas estarían más dispuestas a juzgar en forma ecuánime la responsabilidad de los actores en el conflicto armado.

 

Cabría entonces promover este mensaje para fortalecer y, si es posible, ampliar aquella  franja de opinión. Sin duda resultaría más fácil convencer a la gente de que se sitúe en ese terreno ecuánime y solidario, que inducirla a cambiar su opinión sobre los victimarios.

 

El mensaje debería invocar la suma de voluntades para superar el conflicto, en lugar de insistir en la atribución de responsabilidades exclusivas y excluyentes. Por lo demás, esta aproximación respondería mejor a la naturaleza de nuestro conflicto, tan cargado de violencias cruzadas.

 

El delito político y la guerrilla

 

Algunos investigadores sociales y promotores de paz en Colombia propusieron que el delito político fuera rescatado de la marginalidad jurídica a la que lo condenó la Corte Constitucional en 1997. Para fundamentar esa pretensión alegaban que se trataba de una figura de larga tradición entre nosotros y –sobretodo- que ella era apta para  la solución negociada del conflicto.

 

Esos argumentos tuvieron peso a la hora de redactar el Marco Jurídico para la Paz, aplicable a los procesos de negociación con las guerrillas, pues según el artículo 3º,  “una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”.

 

Los hallazgos de la encuesta no desvirtúan directamente los argumentos que sustentan esa norma constitucional, pero sí ponen en evidencia la dificultad que experimenta la ciudadanía frente a la noción de delito político.

 

En efecto, a la pregunta de “¿cree que la guerrilla representa hoy un ideal revolucionario...o en la actualidad son simples delincuentes?”, las respuestas fueron contundentes: el 82 por ciento considera a los guerrilleros como simples delincuentes, en tanto apenas el 13 por ciento reconoce que representan ideales revolucionarios.

 

Según los autores de la encuesta, la Costa Caribe es la región donde un mayor número de encuestados reconoce carácter político a la guerrilla. Pero también en esta región un alto porcentaje de la población es partidario de darle a la guerrilla un tratamiento penal más duro, es decir, que el carácter político no sería un atenuante sino un agravante a la hora de juzgar a los guerrilleros.

 

La evaluación de los paramilitares también refleja un rechazo mayoritario a las justificaciones sociales de la violencia. A la pregunta de “¿cree que el paramilitarismo fue necesario en Colombia para combatir a la guerrilla?”, el 72 por ciento de los encuestados no aceptó tal necesidad, aunque un 21 por ciento cree lo contrario.

 

El rechazo mayoritario del carácter político de la guerrilla y de la justificación de la violencia paramilitar tiene una consecuencia: la mayoría de la gente no aceptaría que unos u otros participen en política ni ocupen cargos de elección popular.

 

Sin embargo, nuevamente, la guerrilla sale peor librada que los paramilitares: en la población general, la aceptación de paramilitares en política alcanza un 21 por ciento, mientras que la guerrilla sólo llega al 18 por ciento.

 

Algunas preguntas de la encuesta intentan establecer cuáles crímenes son  más graves en opinión de los encuestados: los de los paramilitares o los de las guerrillas.
El 70 por ciento de la población considera que la guerrilla debería recibir un tratamiento penal igual de duro al de los paramilitares. Sólo un 6 por ciento opina que deberían recibir un tratamiento menos duro,  y un 16 por ciento cree que deberían recibir un tratamiento más duro. Es claro entonces que la mayoría no está dispuesta a apoyar medidas de favorabilidad penal en beneficio de la guerrilla.

 

Opinión endurecida

 

Algunos de los hallazgos de la encuesta permitirían concluir que los ciudadanos encuestados son predominantemente maximalistas en materia de justicia transicional. Es decir, prefieren que se les aplique a los guerrilleros la justicia penal con todo rigor, en lugar de indultos, amnistías u otros beneficios legales.

 

De hecho casi la mitad de los encuestados —49 por ciento— no son partidarios de la negociación política, sino de la derrota militar de los insurgentes. En términos más claros, esa franja preferiría una justicia de vencedores.

 

Es más: apenas el 12 por ciento de los encuestados admitiría que los desmovilizados quedaran libres, pero siempre con la condición de que digan la verdad y reparen a sus víctimas.

 

Esta tendencia coincide con el hallazgo de varios estudios comparativos de justicia de postconflicto en el mundo: mientras más largo ha sido un conflicto armado, mayor es la inclinación de la sociedad a enjuiciar criminalmente a los rebeldes.

 

La justicia de postconflicto

 

Sin duda, la mentalidad que predomina en Colombia en torno a una eventual justicia post–conflicto, es producto de dos tendencias que, siendo antagónicas en casi todo, convergen en este punto: el discurso antiterrorista y el discurso humanitario.

 

Es claro que la negociación con las FARC implica un reconocimiento de su carácter político. Es claro también que sin favorabilidad penal y sin condiciones para que los guerrilleros desarmados participen en política, las negociaciones no llegarán a buen puerto. El éxito del proceso por lo tanto, sólo es posible a partir de unos acuerdos cuyo contenido es rechazado ex ante por la mayoría de los ciudadanos. Si al final del proceso se establece algún mecanismo de refrendación ciudadana, habría que realizar un muy intenso esfuerzo pedagógico.

 

Por su parte, las FARC deberían hacer un esfuerzo por escuchar la voz de ese pueblo que tanto invocan para cometer sus desmanes. No todo lo que los desfavorece es un invento de la perversa burguesía.